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El Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa, Patxi Vera, ha abierto una actuación de oficio con los Departamentos de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo y de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias para conocer su disposición acerca de la distribución, entre comunidades autónomas, de las personas migrantes que se encuentran en Canarias.
Esta actuación ha venido motivada a raíz de la petición de colaboración que le ha formulado su homóloga canaria, la Diputada del Común, María Dolores Padrón, ante la crítica situación en que se encuentra el archipiélago por el “flujo constante de personas migrantes que llegan buscando un futuro mejor y más seguro”.
Según la defensora canaria, “las infraestructuras y recursos disponibles en nuestro archipiélago no son suficientes para proporcionar una acogida digna y adecuada a todas estas personas, especialmente a los y las menores no acompañados”.
Como es sabido, ante esta situación, el Gobierno de España ha tomado la iniciativa de promover una modificación de la Ley de Extranjería que garantice una distribución adecuada de las personas migrantes y, en concreto, de los menores de edad entre las diferentes comunidades autónomas.
En la apertura de la actuación de oficio, Vera recuerda que esta problemática viene siendo objeto de análisis y sugerencias en los últimos informes anuales que el Defensor del Pueblo de Navarra ha dirigido al Parlamento de Navarra.
En este sentido, en el último informe anual, de 2023, de forma similar a los de ejercicios precedentes, la institución ha animado a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra a que “se continúe con la atención a menores extranjeros no acompañados, mejorando en todo lo posible los programas correspondientes y la coordinación con otras Administraciones competentes, armonizándolos con el desarrollo de los restantes programas del sistema de protección y fomentando especialmente su proceso de integración social”.
En virtud de los artículos 16 y 18 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de Navarra, se faculta a esta institución para iniciar de oficio expedientes de supervisión de las actuaciones u omisiones de las Administraciones Públicas de Navarra, en relación con el ejercicio de su misión de defensa y de mejora del nivel de protección de los derechos de los ciudadanos, y, como consecuencia de ellos, formular recordatorios de deberes legales, sugerencias o recomendaciones.
En esta línea, Vera ha solicitado a los Departamentos de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo y de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias que informen del posicionamiento del Gobierno de Navarra respecto a su actitud y disposición a la colaboración en la protección de los menores migrantes y la atención, en concreto, de aquellos que lleguen a la Comunidad Foral de Navarra.
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